Trump y Sessions emprenden una guerra contra los inmigrantes y la seguridad pública

March 9, 2018

La demanda contra California aviva la guerra cultural y los mensajes de ataque político, no la seguridad pública
 
Washington, DC – La noticia de que el Fiscal General, Jeff Sessions, está demandando al estado de California sobre diversas políticas pro inmigrantes es sólo la más reciente muestra de que la guerra del gobierno de Trump contra los inmigrantes tiene que ver más con alimentar la guerra cultural, añadiendo anuncios de ataque político y sembrando el miedo, que en procurar la seguridad pública.
 
La demanda del Departamento de Justicia de Trump/Sessions es tan escalofriante como poco sorprendente, pues subraya que una de las pocas políticas consistentes que ha adoptado el gobierno de Trump es su cruel y gratuita guerra contra los inmigrantes.
 
De acuerdo con Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice, “Donald Trump y Jeff Sessions están alimentando una guerra contra los inmigrantes en Estados Unidos, en busca de multiplicar las deportaciones y acosar a estados y comunidades que dan prioridad a la seguridad pública y dan la bienvenida a los inmigrantes, en lugar de coludirse con la fuerza de deportación de Trump”.
 
El Fiscal General de California, Xavier Becerra, enfatizó, en reacción a la noticia de la demanda, que “nuestros funcionarios estatales trabajan en concertación con funcionarios federales todos los días. No tenemos la intención de cambiar eso aquí en California. Pero en lo que no nos vamos a detener es en nuestro enfoque sobre la seguridad pública. Nosotros procuramos la seguridad pública, no la deportación”.
 
La demanda del Departamento de Justicia encaja perfectamente con las acciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. En 2017, los arrestos realizados por ICE de inmigrantes sin antecedentes penales subió 171% en comparación con 2016. Las fuerzas migratorias de Trump se enfocan en inmigrantes que fungen como testigos en las cortes, en quienes se presentan a las citas con USCIS en busca de ajustar su estatus, en activistas a los que se persigue como represalia política, así como en la deportación de jefes de familias estadounidenses que se han establecido desde hace mucho tiempo. Todo ello pisotea los valores estadounidenses y daña la seguridad pública, tal como lo dijo el fiscal de distrito de San Francisco, George Gascon, en el sentido de que la presencia de ICE en las cortes es “muy miope… el escalofriante impacto que esto tiene en toda una comunidad es devastador”.

 

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