Fiscal General Raoul se une a demanda para proteger los beneficios alimenticios a 700 mil Americanos/Attorney General Raoul joins lawsuit to protect food benefits for 700 thousand Americans

January 31, 2020

Chicago, Illinois (NED).–  El fiscal general Kwame Raoul se unió a una coalición de fiscales generales de varios estados en una demanda para luchar contra el intento del gobierno federal de despojar a los residentes de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente llamados "cupones de alimentos".

                Raoul y la coalición de fiscales se unieron a una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia que se opone a una regla del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que limitaría la capacidad de los estados de extender los beneficios de SNAP más allá de un período de tres meses para ciertos adultos. Raoul y la coalición argumentan que la regla socava directamente la intención del Congreso para SNAP y que el USDA violó el proceso de reglamentación federal. Además, Raoul y la coalición argumentan que la regla impondría cargas regulatorias significativas sobre los estados y dañaría a los residentes y las economías de los estados, y están instando a la corte a declarar la regla ilegal y emitir una orden judicial para evitar que la regla entre en vigencia.

                "La regla arbitraria del USDA castiga a las personas que viven en la pobreza y afecta desproporcionadamente a nuestros residentes y comunidades de color más vulnerables", dijo Raoul. "Estoy comprometido a luchar para proteger el SNAP y los programas críticos que apoyan el trabajo que los estados están haciendo para ayudar a nuestros residentes a escapar del ciclo de la pobreza".

                El Congreso modificó el SNAP en 1996 para introducir un límite de tres meses en los beneficios del SNAP para adultos desempleados entre las edades de 18 y 49 años que no están discapacitados o crían niños: "adultos aptos sin dependientes" (ABAWD). Sin embargo, los estados tienen la capacidad de solicitar exenciones para ese límite de tiempo si el estado o parte del estado tiene una tasa de desempleo superior al 10 por ciento o no tiene una cantidad suficiente de empleos para proporcionar empleo a los beneficiarios de SNAP que de lo contrario perderían sus beneficios. La regla del "Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del USDA: Requisitos para adultos aptos sin dependientes", que entrará en vigencia el 1 de abril de 2020, restringiría severamente la capacidad de los estados para solicitar tales exenciones.

En la demanda, los estados argumentan que la regla de la administración:

• Contradice el lenguaje legal y la intención del Congreso para el programa de cupones para alimentos: cuando el Congreso modificó el SNAP y agregó el límite de tiempo ABAWD en 1996, incluyó un proceso de exención que proporciona explícitamente un alivio del límite de tiempo si no hay suficientes oportunidades de trabajo, y el Congreso indicó claramente que los estados estaban mejor equipados para hacer esta determinación basada en las condiciones económicas y de empleo locales. El Congreso ha reafirmado esta posición varias veces, la más reciente en 2018. Sin embargo, la nueva regla del USDA restringe severamente la discreción de los estados sobre estos asuntos y esencialmente escribe esta base para la exención del estatuto, en contradicción directa con la ley y la intención del Congreso. Los principales aspectos de la regla reflejan cambios propuestos que el Congreso rechazó explícitamente en 2018.

 • Aumenta los costos de atención médica y de personas sin hogar al tiempo que reduce la actividad económica en los estados: para los beneficiarios de SNAP, perder beneficios significa perder el acceso crítico a los alimentos, lo que aumenta el riesgo de desnutrición y otros efectos negativos para la salud. Los estudios han demostrado que SNAP puede contrarrestar la inseguridad alimentaria y reducir los costos de atención médica para los beneficiarios en aproximadamente $ 1,400 por persona, costos que los estados probablemente soportarán en ausencia de asistencia de SNAP. Sin los beneficios de SNAP, muchos se verán obligados a elegir entre tener comida para comer o un lugar para vivir. Su poder adquisitivo disminuirá, perjudicando las economías estatales. Como el USDA reconoce en la regla, estos impactos se concentrarán más entre las comunidades de color de bajos ingresos.

• Modifica la ley por razones arbitrarias y caprichosas: la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) requiere que las agencias ofrezcan una explicación razonada para cambiar las políticas de larga data y aborden por qué los hechos y circunstancias que respaldan la política anterior deben ser ignorados. Durante más de dos décadas, el USDA ha aceptado la premisa del Congreso de que un estado debe definir el alcance geográfico de su solicitud de exención y respaldar esa solicitud con una amplia gama de fuentes de datos que, en conjunto, pueden capturar las perspectivas de empleo para los ABAWD. Sin embargo, la nueva regla define estrictamente el área para la cual se pueden solicitar exenciones y rechaza datos más allá de las cifras generales de desempleo sin ninguna justificación.

• Viola el proceso de reglamentación federal: la APA rige los procedimientos internos de las agencias federales, incluida la reglamentación. Entre otros requisitos, las agencias deben solicitar y considerar comentarios públicos sobre el contenido de una regla. El USDA rompió este proceso al emitir una regla final que se desvió de su regla propuesta de manera significativa. Por ejemplo, mientras que la regla propuesta mantenía que un estado podría recibir una exención si calificaba para beneficios de desempleo extendidos bajo las políticas del Departamento de Trabajo, la regla final eliminó esta base. Por lo tanto, los comentaristas no recibieron una oportunidad significativa para comentar sobre el alcance total de los cambios de la agencia.          

                Raoul y los fiscales generales de Hawái, Maine y Nuevo México se unieron a una demanda presentada en el Distrito de Columbia, Nueva York, California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont , Virginia y la ciudad de Nueva York.

 

 

Attorney General Raoul joins lawsuit to protect food benefits for 700 thousand Americans

 

Chicago, Illinois (NED).–  Attorney General Kwame Raoul joined a multistate coalition of attorneys general in a lawsuit to fight the federal government’s attempt to strip residents of Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits, commonly called “food stamps.”

                Raoul and the coalition joined a lawsuit filed in the U.S. District Court for the District of Columbia opposing a U.S. Department of Agriculture (USDA) rule that would limit states’ ability to extend SNAP benefits beyond a three-month period for certain adults. Raoul and the coalition argue that the rule directly undermines Congress’ intent for SNAP and that the USDA violated the federal rulemaking process. Additionally, Raoul and the coalition argue that the rule would impose significant regulatory burdens on states and harm states’ residents and economies, and are urging the court to declare the rule unlawful and issue an injunction to prevent the rule from going into effect.

                “The USDA’s arbitrary rule punishes people who live in poverty and disproportionately impacts our most vulnerable residents and communities of color,” Raoul said. “I am committed to fighting to protect SNAP and critical programs that support the work states are doing to help our residents escape the cycle of poverty.”

                Congress altered SNAP in 1996 to introduce a three-month time limit on SNAP benefits for unemployed adults between the ages of 18 and 49 who are not disabled or raising children – “able-bodied adults without dependents” (ABAWDs). However, states have the ability to request waivers for that time limit if the state or part of the state has an unemployment rate above 10 percent or does not have a sufficient number of jobs to provide employment for SNAP recipients who would otherwise lose their benefits. The USDA’s “Supplemental Nutrition Assistance Program: Requirements for Able-Bodied Adults Without Dependents” rule, which is slated to take effect April 1, 2020, would severely restrict states’ ability to request such waivers.

 

In the lawsuit, the states argue that the administration’s rule:

 

  • Contradicts statutory language and Congress’ intent for the food-stamp program: When Congress amended SNAP and added the ABAWD time limit in 1996, it included a waiver process explicitly providing for relief from the time limit if insufficient job opportunities were available, and Congress clearly indicated that states were best equipped to make this determination based on local economic and employment conditions. Congress has reaffirmed this position multiple times, most recently in 2018. Yet the USDA’s new rule severely restricts states’ discretion over these matters and essentially writes this basis for waiver out of the statute, in direct contradiction of law and congressional intent. Major aspects of the rule mirror proposed changes that Congress explicitly rejected in 2018.
     

  • Raises health care and homelessness costs while lowering economic activity in the states: For SNAP recipients, losing benefits means losing critical access to food, raising the risk of malnutrition and other negative health effects. Studies have shown that SNAP can counteract food insecurity and lower health care costs for recipients by about $1,400 per person, costs that states will likely bear in the absence of SNAP assistance. Without SNAP benefits, many will be forced to choose between having food to eat or a place to live. Their purchasing power will decrease, harming state economies. As the USDA concedes in the rule, these impacts will be most concentrated among lower-income communities of color.
     

  • Amends the law for arbitrary and capricious reasons: The Administrative Procedure Act (APA) requires agencies to offer a reasoned explanation for changing long-held policies and address why the facts and circumstances supporting the prior policy should be disregarded. For more than two decades, the USDA has accepted Congress’ premise that a state should define the geographic scope of its waiver request and support that request with a wide range of data sources that are together best able to capture employment prospects for ABAWDs. Yet the new rule strictly defines the area for which waivers may be sought and rejects data beyond general unemployment figures without any justification.

 

  • Violates the federal rulemaking process: The APA governs internal procedures for federal agencies, including rulemaking. Among other requirements, agencies must solicit and consider public comments on the substance of a rule. The USDA broke from this process by issuing a final rule that diverged from its proposed rule in significant ways. For example, while the proposed rule maintained that a state could receive a waiver if it qualified for extended unemployment benefits under Department of Labor policies, the final rule eliminated this basis. Thus, commenters did not receive meaningful opportunity to comment on the full extent of the agency’s changes.

 

                Raoul and the attorneys general of Hawaii, Maine and New Mexico joined a lawsuit filed by the District of Columbia, New York, California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia and the city of New York.

 

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